Racialised risk in disaster response in Colombia: A note on the earthquake of 10th of August
María Paula Hernández Ruiz
09/14/2026 |
Reflections
Edited by: Mariana Pitta Lima
English version under the Spanish version
Riesgo racializado en la respuesta a desastres en Colombia: Una nota a propósito del terremoto del 10 de agosto
El terremoto
El diez de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió al occidente colombiano, desde el litoral Pacífico hasta la cordillera Oriental. El epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Al 29 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) había reportado que el terremoto había afectado
16 departamentos y 497 municipios. De acuerdo con datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este fue el
tercer terremoto de más alta magnitud en Colombia desde la instalación de equipos sismológicos en el país, aunque la magnitud de los terremotos no es exactamente equivalente a ser altamente destructivos
1 o a su frecuencia cotidiana en Colombia.
Las magnitudes solas revelan una tendencia de la costa pacífica colombiana a experimentar sismos de alta magnitud.
El primero fue un terremoto de magnitud 8.8 ocurrido en enero de 1906 que, causando un tsunami, afectó a los departamentos de Nariño y Cauca.
El segundo con magnitud más alta, de 8.1. grados, también ocurrió en el Pacífico colombiano en 1979. Así pues, en un país con alta sismicidad, el occidente de Colombia tiene una particular tendencia a experimentar terremotos de alta magnitud.
De manera simultánea, la región - así como algunos municipios del noroccidente colombiano - tiene el porcentaje estimado de pérdidas por sismo más alto que otras regiones de Colombia, como lo demuestra el mapa 1, que ofrece una desagregación por municipios. Este mapa está basado en estimaciones del riesgo adelantadas por la UNGRD en 2019, que combinan las probabilidades de ocurrencia de un evento telúrico con el valor estimado de los bienes expuestos que tiene un municipio ante la ocurrencia de un terremoto.
Mapa 1. Mapa de pérdida porcentual esperada por sismo a nivel municipal. Entidad: UNGRD. [Image credit: Disponible como capa en Colombia en Mapas (del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC), Portal Nacional de Información Geoespacial.]
Como era de esperarse, de acuerdo con las mismas estimaciones de riesgo que ofreció la UNGRD en 2019, el terremoto del 10 de agosto fue devastador. Las cifras de la catástrofe todavía están siendo consolidadas, pero para el 29 de agosto,
la UNGRD reportaba que el sismo había causado la muerte de 331 personas, que 4497 personas se hallaban heridas, que 152 estaban desaparecidas y que 364 habían sido rescatadas; reportaba también 2999 mascotas rescatadas y 2161 ‘afectadas’ (esto sin aclarar el término).
En términos de daños materiales, la UNGRD reportó casi 200.000 viviendas afectadas, 35.987 destruidas y 638 edificios colapsados. Los servicios y la infraestructura pública también se vieron fuertemente impactados con, por ejemplo, 4.261 centros educativos y 5.573 centros comunitarios afectados. En una
entrevista con la periodista María Jimena Duzán, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportaba que los daños afectaron a unas 100.000 personas en su departamento. La gobernadora definía ‘afectación’ más allá de los daños materiales, para incluir también los daños emocionales que el terremoto aunaba a regiones y poblaciones desoladas por décadas de conflicto armado, incluyendo los
conflictos territoriales actuales entre grupos armados ilícitos por el control de la zona del epicentro y
sus alrededores.
El riesgo racializado en Colombia
El epicentro del terremoto se ubicó en la parte montañosa del departamento del Chocó. Mientras el terremoto golpeó fuertemente innumerables municipios cercanos a San José del Palmar, como Cartago, en el norte del Valle, y Pueblo Rico, en Risaralda, también golpeó fuertemente las ciudades de Cali, Pereira y Manizales. Sin embargo, durante varios días no se sabía mucho de lo que estaba ocurriendo en los diferentes municipios. El gobierno no sabía mucho. Algunas personas que estaban conectadas con los municipios — a través de amistades, familiares o trabajo — tenían un poco más de información. El departamento del Chocó estuvo incomunicado en las primeras horas después de la tragedia. La vía que conecta de Cali con Buenaventura estaba colapsada. Esta es una de las vías principales para llegar a algunos de los municipios afectados en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca.
Una de las preguntas que salta a la vista es: ¿por qué el terremoto fue tan devastador en una zona con una historia de terremotos fuertes? Para responder a esta pregunta, consideré el
argumento de Bruno Latour sobre cómo la tecnología es la sociedad hecha para que dure, preguntándome de qué maneras el riesgo se profundiza a través de las infraestructuras. Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología ofrecen metodologías vitales para analizar los diferentes artefactos que constituyen las ‘infraestructuras’ y entender el tipo de sociedad que mantienen o resisten, así como las formas en que estas generan riesgos para diferentes poblaciones. Aunque un análisis sobre diversas formas de infraestructura sería necesario en este contexto del terremoto (ampliando la noción para incluir hospitales, colegios, cadenas de frío para donaciones de sangre, bancos de sangre, viviendas y sus diferentes usos territoriales), en esta reflexión quisiera centrarme en una de las posibles respuestas a esta pregunta: la inequidad en las redes viales públicas del país, que afecta principalmente a los departamentos periféricos y más racializados y que se mostró en su crudeza durante la respuesta a la emergencia.
Como lo
sugería la gobernadora Córdoba, un desastre de esta magnitud solo hace evidente lo que siempre ha sido cierto: la histórica falta de inversión por parte de sucesivos gobiernos colombianos en un desarrollo duradero, no solo para el departamento del Chocó, sino también para otros departamentos y municipios de la costa Pacífica colombiana, donde viven principalmente comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. De hecho, al ver el mapa de las estimaciones sobre las pérdidas porcentuales esperadas tras un sismo, es inevitable observar las convergencias con un mapa de los pueblos étnicos en Colombia que, aunque solo incluye procesos territoriales legalizados por el Estado
2, demuestra una concentración de territorios de comunidades negras e indígenas en la costa pacífica colombiana, justo allí donde el riesgo es más alto.
Mapa 2. Mapa de territorios de Comunidades Negras de Colombia, Resguardos Indígenas legalizados e Intervención de territorios Indígenas. Entidades: Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras.[Image credit: Disponible como capas en Colombia en Mapas (del IGAC), Portal Nacional de Información Geoespacial. ]
La racialización del espacio y del riesgo fue evidente después del terremoto a través de la conectividad (señal de internet y móvil) y las vías. En lo que resta de este artículo, quiero poner a consideración la noción de ‘riesgo racializado’ para entender la forma en que la red vial de Colombia expone a un riesgo más alto a poblaciones racializadas. En este sentido, vale la pena aclarar que la racialización no es la única forma en que el riesgo se configura en el occidente colombiano y que, de hecho, formas más interseccionales de entender tal riesgo serían urgentes, ya que muchas personas en estas regiones también experimentan otras formas de marginalización y de vida en los territorios a través de sus posiciones de clase, género y experiencias de conflicto armado. Sin embargo, la racialización del riesgo me parece un elemento particularmente importante para entender algunas de las limitaciones en la atención de emergencias en el país. Así, me centro exclusivamente en el panorama vial de Colombia.
Vale la pena analizar el mapa de la red vial de Colombia, con énfasis en la zona del epicentro del terremoto, para entender cómo la red vial construye un riesgo más alto en las periferias racializadas. Es evidente cierta concentración de la red vial hacia el centro del país, y que regiones situadas entre las cordilleras Central y Occidental tienen un cierto acceso vial. Si observamos con detenimiento las conexiones hacia el lado costero de la cordillera Occidental en el siguiente mapa (3), se observa un claro declive en la red vial pública.
La implicación de esto para la respuesta humanitaria de emergencia fue que durante las primeras horas después del terremoto, las ayudas destinadas a algunos de los municipios más afectados no podían enviarse. Lugares a los que se llega a través de una combinación de medios de transporte, como canoas, jeeps, caballos o mulas, estaban bloqueados porque había puentes caídos y vías bloqueadas por enormes rocas. Dos semanas después de la tragedia, seguía siendo difícil enviar ayuda a algunas de estas zonas. Ya había movimiento, pero era lento, mucho más lento que las necesidades urgentes de las personas de acceder a productos básicos de higiene, alimentación, agua y equipos médicos y de rescate.
Además de estas condiciones viales, la conectividad de la zona decayó con el terremoto. En círculos de antropólogas y antropólogos en Colombia, con quienes yo me encontraba conectada a través de chats grupales, circulaba información que demostraba que algunas de las personas que necesitaban más ayuda — indígenas, consejos comunitarios afrocolombianos y familias campesinas en zonas rurales — estaban recibiendo poca atención. Inmediatamente y con una solidaridad que no ha visto fronteras, grupos de personas dentro y fuera de Colombia nos organizamos para enviar recursos materiales y financieros ante una atención estatal precaria y, en algunos casos, inexistente. Fue allí cuando los problemas viales del país se hicieron más evidentes. No se trataba exclusivamente de la voluntad de grupos de ciudadanas de enviar recursos, sino también de la necesidad de navegar y diseñar una logística que permitiese hacer llegar ayudas a través de una red vial incipiente que se vio afectada por el terremoto. Paradójicamente, muchas comunidades estaban más conectadas con personas dentro y fuera del país, pero más aisladas debido a un acceso vial que ya era precario antes del terremoto. En municipios, departamentos y poblaciones del Pacífico colombiano con una alta tendencia sísmica, la deuda histórica está tatuada en su red vial — es la sociedad hecha para durar — reflejando una presencia estatal incipiente, cuando no exclusivamente militarizada.
notas
1 Por ejemplo, el terremoto de 6.1 ocurrido en 1999, con epicentro en el departamento del Quindío es recordado como un desastre que llevó a la reconstrucción de la ciudad de Armenia, así como por el alto número de víctimas mortales y personas heridas que dejó. Este terremoto marcó un precedente en Colombia cuanto a la respuesta a sismos y a la construcción de infraestructura sismorresistente.
2 Esto significa que el mapa no incluye lugares donde las comunidades étnicas viven fuera de las figuras estatalesoficiales, como los resguardos. El mapa tampoco incluye otras figuras territoriales, como la restitución de tierras.
María Paula Hernández Ruiz es una migrante colombiana en Naarm/Melbourne (Australia) que está terminando su doctorado en antropología de la ciencia y la tecnología en La Trobe University. Allí está escribiendo su disertación sobre la vida social de los datos de género en el escenario de los datos para el desarrollo. María Paula también es egresada de antropología de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y tiene una maestría en estudios del desarrollo con especialidad en género y desarrollo de la Universidad de Melbourne. Actualmente apoya procesos organizativos desde Naarm/Melbourne para responder a la emergencia en Colombia.
English version
Racialised risk in disaster response in Colombia: A note on the earthquake of 10th of August
María Paula Hernández Ruiz
The earthquake
On 10 August 2026, at 7:34 a.m., a magnitude 7.4 earthquake struck western Colombia, affecting an area extending from the Pacific coast to the Eastern Cordillera. Its epicentre was located in the municipality of San José del Palmar, in the Chocó department. As of August 29, the UNGRD (the Colombian Institute for Disaster and Risk Management) reported that the earthquake had affected
16 departments and 497 municipalities. According to data from the Colombian Geological Service (SGC), this was the
third-highest-magnitude earthquake recorded in Colombia since the installation of seismic equipment in the country. However, earthquake magnitude does not necessarily correspond to its level of destruction
1 nor does it indicate how frequently earthquakes occur across the country.
The magnitudes alone reveal a tendency of the Colombian Pacific coast to experience high-magnitude earthquakes.
The first was a magnitude 8.8 earthquake in 1906, which generated a tsunami that affected the departments of Nariño and Cauca.
The second-highest-magnitude earthquake was a magnitude 8.1 event that occurred along the Colombian Pacific coast in 1979. Thus, although Colombia is a country of high seismic activity, the western region has a particular tendency to have high-magnitude earthquakes.
At the same time, the region - as well as some municipalities in Northeastern Colombia - has the highest estimated percentage of earthquake casualties compared with other regions of the country, as shown on map 1, which provides a municipality-level breakdown. The map is based on the risk forecasts produced by the UNGRD in 2019, which combines the probability of a seismic event occurring with the estimated value of the assets exposed in each municipality prior to an earthquake.
Map 1. Map of the earthquake casualty estimation percentage at the municipal level. Entity: UNGRD. [Image credit: Available as a layer in Colombia on Maps (of the Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC), Portal Nacional de Información Geoespacial.]
As to be expected, the earthquake of 10 August confirmed the estimates presented by UNGRD in 2019 and was devastating. The figures for the disaster are still being consolidated, but as of 29 August,
UNGRD reported that the earthquake caused 331 deaths, injured 4497 people, left 152 people missing, and 364 were rescued. It also reported 2999 pets recovered and 2161 ‘affected’ (although this term was not further clarified).
In terms of material damage, UNGRD reported that 200,000 dwellings had been affected, 35987 had been destroyed, and 638 buildings collapsed. Public services and infrastructure were also severely impacted, with, for example, 4261 educational centres and 5573 community centres affected. In an
interview with journalist María Jimena Duzán, the governor of Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reported that the disaster had affected about 100,000 people in her department. The governor defined ‘being affected’ to mean more than material damage, including the emotional damage caused by an earthquake in regions and peoples hit by decades of armed conflict, including
territorial conflicts between illicit armed groups for the control of the zone of the epicentre and
its surroundings.
The epicentre of the earthquake was in the mountainous area of the Chocó department. While the earthquake heavily struck innumerable municipalities near the earthquake epicentre in San José del Palmar, such as Cartago, in the north of Valle, and Pueblo Rico, in Risaralda, it also caused damages in the cities of Cali, Pereira and Manizales. However, for several days, not much was known of what was happening in the different municipalities. The government did not know much. Some people connected with the municipalities – through friends, family members or work – had some more information. The Chocó department was out of reach in the first few hours after the disaster. The road that leads from Cali to Buenaventura had collapsed. This is one of the main roads connecting some of the affected municipalities in the departments of Chocó, Valle del Cauca, Nariño and Cauca.
One of the pressing questions here is: why was the earthquake so disastrous in an area with a history of severe earthquakes? To answer this question, I considered
Bruno Latour’s argument about how technology is society made to last, asking how risk is deepened through infrastructure. Social studies of science and technology (STS) offer key methodologies for analysing the different artifacts that constitute ‘infrastructures’ and for understanding the type of society they sustain or resist, as well as the ways in which such infrastructures create risks for different populations. Even though an analysis of diverse forms of infrastructure would be necessary in the context of the earthquake (extending the notion to include hospitals, schools, cold chains for blood donations, blood banks, dwellings, and their different territorial uses), in this reflection, I will focus on one of the possible responses to this question: the inequality in Colombia’s public road network, which mainly affects the peripheral and most racialised departments. Such inequality became painfully clear during the emergency response.
As
Governor Córdoba suggested, a disaster of this magnitude only makes clear what has always been true: the historical lack of investment in lasting development by successive Colombian governments not only for the Chocó department, but also in other departments and municipalities on the Pacific coast of Colombia, where mainly Indigenous, Afro-Colombian and peasant communities live. Indeed, a view of the earthquake casualty estimation percentage map shows a convergence with a map of ethnic communities in Colombia, which although it only includes territorial processes legalized by the state
2, shows a concentration of territories of Black and Indigenous communities on the Colombian Pacific coast – precisely where the risk is highest.
Map 2. Map of the Territories of the comunidades negras, legalized Indigenous resguardos and judicial interventions on Indigenous Territories. Entities: Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras. [Image credit: Available as layers in Colombia on maps (of the IGAC), Portal Nacional de Información Geoespacial.]
The racialisation of space and risk was clear after the earthquake through connectivity (internet and mobile phone signals) and roads. In the remainder of the article, I would like to put forward the notion of ‘racialised risk’ to understand how Colombia’s road network exposes racialised populations to higher risk. In this sense, it is important to clarify that racialisation is not the only way in which risk is configured in Western Colombia. Indeed, more intersectional ways of understanding risk are urgently needed because people in these regions also experience other forms of marginalisation and ways of living in these territories through their class and gender positions, as well as their experiences of armed conflict. However, the racialisation of risk seems to be a particularly important element for understanding some of the limitations of the emergency response in the country. Thus, I focus exclusively on Colombia’s road network.
It is worth analysing the map of Colombia’s road network, with an emphasis on the area of the earthquake’s epicentre, to understand how the road network shapes risk in the racialised peripheries. A certain concentration of the road network is evident in the centre of the country, although regions between the Central and Western cordillera have also certain road access. If we observe the connections to the coastal side of the Western cordillera on the following map (3), there is a clear decline in the public road network.
The implication of this for the emergency humanitarian response was that, in the first few hours after the earthquake, aid could not reach the most affected municipalities. Areas that could only be accessed through a combination of transportation means, such as canoes, jeeps, horses, or mules, were cut off by fallen bridges and rocks blocking the roads. Two weeks after the disaster, it was still difficult to deliver assistance to some of these areas. There was movement, but it was slow - much slower than people’s urgent needs to access basic hygiene products, food and water, and medical and rescue personnel.
Besides these road conditions, the connectivity in the area declined following the earthquake. Among anthropologists in Colombia, with whom I was connected through group chats, information circulated showing that some of the people who needed the most help – Indigenous people, Afro-Colombian community councils, and Peasant families in rural areas – were receiving little attention. Immediately, and with a solidarity that has known no borders, groups of people in Colombia and abroad organised to send material and financial resources in the face of a limited state of response, and in some cases, no state response at all. It was there that the country’s road network issues were most apparent. It was not simply a matter of citizens wanting to send resources from groups of citizens, but also of navigating and designing logistics to deliver aid in the face of an incipient road network affected by the earthquake. Paradoxically, many communities were more connected with people within and outside the country, but more isolated in terms of road access, which was already precarious before the earthquake. In municipalities, departments and communities along the Pacific coast that experience high seismic activity, the historical debt is tattooed onto their body of roads - it is society made to last - reflecting a state presence that is incipient if not now exclusively militarised state presence.
notes
1For instance, the 6.1 earthquake that occurred in 1999 with an epicentre in the Quindío department, is remembered as a disaster that led to the reconstruction of the city of Armenia, and for the high number of mortal and injured victims it left. This earthquake marked a precedent in Colombia on the response to earthquakes and the construction of seismic-resistant infrastructure.
2This means that the map does not account for places where ethnic communities live outside formal state-recognisedterritorial categories such as resguardos. The map also does not include either other territorial arrangements like land restitution.
María Paula Hernández Ruiz is a Colombian migrant in Naarm/Melbourne (Australia), who is finishing her PhD in anthropology of science and technology at La Trobe University. There, she is writing her dissertation on the social life of gender data in the data for development landscape. María Paula also holds a degree in anthropology from the Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) and a master's degree in development studies, with a gender and development specialisation, from The University of Melbourne. She supports organisational processes from Naarm/Melbourne to respond to the emergency in Colombia.
Published: 09/14/2026
